La guía más grande Para decreto 065 de 2020
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El Tribunal Constitucional ha claro que esa situación de extraordinaria y urgente falta puede deducirse «de una pluralidad de instrumentos», entre ellos, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero).
De acuerdo con este nuevo enfoque, se plantean ayudas dirigidas a las comunidades autónomas y entidades locales con responsabilidades en el transporte notorio colectivo urbano e interurbano, para que mejoren los servicios ofrecidos mediante la implementación de nuevas líneas de transporte, el aumento de la oferta existente del transporte manifiesto.
Artículo 76. Aprobación de una Trayecto de avales por cuenta del Estado para la cobertura en caso de impago en el inquilinato de vivienda.
5. Se formularán propuestas de resolución definitiva que contendrán la relación definitiva de beneficiarios y la cuantía a percibir por cada individualidad de ellos. El expediente de concesión de las ayudas contendrá un informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que todos los beneficiarios incluidos en la relación cumplen todos los requisitos necesarios para ceder a las ayudas.
3. No serán subvencionables los vehículos de segunda mano ni los adquiridos mediante leasing, renting ni ninguna otra fórmula de arrendamiento en la que los riqueza no sean propiedad de la persona beneficiaria.
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En relación con las medidas sobre financiación territorial, es necesario y urgente contar con una regulación aplicable en 2025 al régimen de endeudamiento de las Comunitat Valenciana para que pueda refinanciar sus vencimientos del ejercicio y atender las otras necesidades de financiación previstas legalmente, Figuraí como los gastos extraordinarios derivados de la DANA.
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Como consecuencia de la duración de la guerrilla y de la persistencia de las presiones al alza sobre los precios de los alimentos, las materias primas y los bienes intermedios, algunas de las medidas puestas en marcha fueron prorrogadas y actualizadas mediante el Vivo Decreto-calidad 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Cruzada de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida deudo y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de resolución 0312 de 2019 de que habla ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
Las pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudez de alguno de los regímenes del doctrina de la Seguridad Social tendrán en 2025 un importe anual de 7.610,40 euros, sin perjuicio de la aplicación del linde establecido en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Clase Militar de la Seguridad Social.
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Igualmente, concurre urgente y extraordinaria penuria en la matanza de la previsión de la índole 47/2015, de 21 de octubre, que establece la aplicación de la cotización adicional de solidaridad a las personas trabajadoras por cuenta propia del Régimen Específico del Mar. Según el texto refundido de la Ley Caudillo de la Seguridad Social, esa cotización adicional es de aplicación monopolio a las personas trabajadoras por cuenta ajena.
Aquellos deudores de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte inscritos en el Registro de personas afectadas por el volcán cuyos ingresos principales provengan de la agricultura que hubieran solicitado la suspensión de sus obligaciones o la prórroga de la misma en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Existente Decreto-índole 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, podrán solicitar, hasta el 15 de febrero de 2025, una suspensión adicional de seis meses de sus obligaciones de suscripción derivadas de los contratos de préstamo o crédito con o sin aval hipotecaria. En todo lo demás, serán de aplicación los artículos 15 a 24 de este Efectivo decreto-condición.»
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